Uso partidista de los medios municipales. Acusan al PSOE nacional de egoístas para mantenerse en el poder con el único argumento de «qué hay para mí» cuando la preocupación debía ser por el perjuicio a los más perjudicados y que lo digan desde los medios de su partido, no desde los medios municipales de noticias de Tres Cantos. «Tres Cantos podría ver mermados sus ingresos como consecuencia de la cesión fiscal del gobierno a Cataluña». Si no publican las notas de prensa de los demás partidos, que tampoco publiquen las del PP.
- Si se termina con la “caja única”, es previsible una reducción en el reparto de los recursos del Estado y las Comunidades Autónomas
- Madrid y Baleares podrían ser las más perjudicadas, y sus municipios, recibirían menos dinero para salud, vivienda, educación, transporte o carreteras.
El llamado “concierto catalán” que, según ha anunciado Esquerra Republicana de Cataluña, forma parte del preacuerdo firmado con el PSC a cambio de facilitar la investidura del socialista Salvador Illa como presidente de la Generalitat, supondría que esta comunidad autónoma salga del sistema de financiación actual, rompiéndose un sistema de solidaridad que equilibra las diferencias territoriales, al atender las necesidades de las regiones más pobres. Así lo están advirtiendo desde organismos como la Asociación de Inspectores de Hacienda, que han calificado esta idea como “una auténtica barbaridad”.
Pero además, perjudicaría directamente a otras comunidades que son grandes contribuyentes al sistema actual, como Madrid o Baleares y, por extensión, a las arcas municipales de las poblaciones de ambas comunidades. Entre ellas, a Tres Cantos. Esto sería así al hacerse inviable la aplicación del principio de ordinalidad, que garantiza que los territorios no reciban menos recursos por habitante de los que aportan.
Por lo que se conoce hasta el momento, esa cesión fiscal del gobierno a cambio de los votos independentistas supondría que la Agencia Tributaria Catalana se encargue del 100% de la recaudación y gestión de los tributos en esa comunidad autónoma, lo que hoy supone una cifra de 55.000 millones de euros. También se ha publicado que la Generalitat dará un porcentaje de esa recaudación, pero de momento nada ni nadie asegura que sea el 50% de lo recaudado (actualmente Cataluña aporta 27.500 millones a las arcas del estado).
Si esa cifra no se mantiene, es de esperar que el resto de las comunidades contribuyentes a la hasta ahora llamada “caja común” vean afectadas las transferencias del estado.
Parte de los ingresos que perciben las corporaciones locales provienen de la participación en los ingresos del Estado y las Comunidades Autónomas. Con ellos se pueden acometer grandes proyectos y servicios esenciales para los ciudadanos, como centros de salud, colegios, carreteras, vivienda o y transportes (a través del sistema de compensación tarifaria del Consorcio Regional).
El alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno, cree que “los ayuntamientos ya estamos infrafinanciados y, además, estamos controlados en el gasto y sin margen para la reducción de la carga impositiva a los vecinos y a las empresas. Hacer concesiones de este tipo sólo para mantenerse en el poder, nos condenaría a una reducción importante en los ingresos, poniendo contra las cuerdas el progreso y el bienestar de los ciudadanos, que no tienen por qué pagar el chantaje al que se somete el gobierno”.
El regidor tricantino cree además que “los responsables de este disparate no escuchan a la oposición, pero es que tampoco escuchan a sus propios barones, presidentes y expresidentes, que están manifestándose públicamente en contra de esta extorsión, una más de las que mantienen un gobierno que solo se preocupa por permanecer y no por gestionar en interés de todos los españoles. Alguien debería decirle a Sánchez que es hora de irse, antes de que España tenga que cerrar por derribo”.
Actualmente, las autonomías ponen cerca de 9.000 millones para la solidaridad entre regiones. 6.300 de ellos los aporta Madrid. 2.300 Cataluña y Baleares, 300. Andalucía, Extremadura, Canarias o Galicia se verían gravemente afectadas por esa “soberanía fiscal” pactada si, como se teme, se termina con un sistema que, hasta ahora, estaba garantizado por una Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, que tendría que ser reformada ad hoc.